Prisión para jóvenes de 14 años. ¿Y las obligaciones internacionales?

Abro el periódico esta mañana y me encuentro con esta joyita: nuestros bienamados (¡ejem!) legisladores aprobaron una reforma de ley que permite que los menores de edad de entre 14 y 18 años puedan ser procesados por delitos federales, como adultos.

Entiendo perfectamente la necesidad de combatir al crimen organizado, cualquiera que sea su giro, y perseguir a quienes cometan delitos del fuero federal. No tengo ningún problema con eso. Con lo que sí tengo problema es con legisladores que aprueban leyes “para que ya no les digan que no hacen nada”, en clara violación con los tratados internacionales que México ha ratificado. En este caso, se trata de la Convención sobre los Derechos del Niño.

En primer lugar, el Artículo 1 de la Convención establece que los niños son todas las personas menores de 18 años, a menos que las leyes nacionales establezcan otra cosa. Las nuestras no lo hacen.

El primer párrafo del Artículo 3 indica que todas las medidas que se tomen a cualquier nivel de gobierno, por cualquier instancia, que conciernan a los niños deberán estar centradas en el interés superior de estos. Cómo puede fomentar el interés superior de un niño de 14 años el que lo envíen a una prisión de adultos por delitos federales, va más allá de mi comprensión.

El párrafo dos del Art. 6 menciona que el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad y el pleno desarrollo de los niños. No es necesario hacer un análisis profundo y complejo para darnos cuenta de cómo en nuestro país este derecho tan básico es violado día a día con la famosa guerra contra el narco, en la cual han muerto hasta niños muy pequeños en fuegos cruzados o directamente al ser blanco de ataques en retenes militares.

Ahora, el Art. 37 de la CDN trata de los menores detenidos: no deberán ser sometidos a torturas u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; no podrán ser condenados a la pena de muerte ni a cadena perpetua sin posiblidad de excarcelación. Deberán ser sometidos a un juicio justo, no deben ser sometidos de manera arbitraria, la prisión solamente podrá utilizarse como último recurso, deberán ser tratados con humanidad y respeto, deberán permanecer separados de los adultos, y deberán tener acceso a sus familiares y a asistencia jurídica y legal. Creo que conocemos suficientemente bien el sistema judicial y penal mexicano como para saber que este artículo estará violado prácticamente en su totalidad en todos los casos en que haya menores de edad detenidos por delitos federales.

Finalmente, dudo mucho que los legisladores hayan siquiera hojeado el Artículo 40, que habla sobre el debido proceso y todas las consideraciones que se deben tener cuando se haya acusado a un menor de edad de cometer cualquier delito.

Y esto sin ir más lejos. No he revisado otros acuerdos internacionales que pueden ser relevantes al tema, como el trato de la población civil en situaciones de conflictos armados, o los protocolos facultativos de los Convenios de Ginebra, o los documentos que puedan tener UNICEF y otras organizaciones de derechos de los niños y/o de derechos humanos sobre la cuestión de los niños que sean detenidos. Esta ley es problemática aún cuando nada más analicemos la Convención sobre los Derechos del Niño.

Jurídicamente, los tratados internacionales rigen e informan cualquier ley (y evidentemente, cualquier reforma) a nivel nacional. Este tipo de leyes, sacadas de la congeladora legislativa y aprobadas con el afán de demostrar que “hacen algo”, van claramente en contra de nuestras obligaciones a nivel mundial. Una vez más, México demuestra su hipocresía al firmar y ratificar tratados que viola con la mayor impunidad en cuanto le apetece.

Tristemente he visto muy poca información sobre esta ley. Muchos están preocupados por las reformas en materia de delitos cibernéticos, y está bien. Todos tenemos puntos focales de acción y no nos podemos preocupar por todos los temas al mismo tiempo. Sin embargo, me parece fundamental prestarle atención a leyes como ésta, que atentan contra el grado más básico de la dignidad humana: el desarrollo y la formación de las personas desde su más tierna infancia.

Insisto, para resolver el problema del narcotráfico y la delincuencia organizada, hay que identificar las raíces, las causas por las que cada vez más gente se une a estos grupos: la pobreza, la falta de oportunidades, la desigualdad, la falta de espacios públicos seguros, la falta de recursos, de acceso a la educación, a la salud. Si no combatimos todos estos problemas al mismo tiempo que castigamos, nunca saldremos de este hoyo.

Que no venga el presidente a decirme que “vamos ganando la guerra” y que “hemos avanzado en este sexenio más que en todo el siglo XX”, porque para mí esto es un retroceso avasallador.

Acerca de Xalaila

Licenciada en Relaciones Internacionales, próxima Maestra en Terrorismo y Seguridad, activista en derechos humanos, feminista.
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